Acceso a la justicia: La CPM actua como veedora en el juicio a Reina Maraz en Quilmes

Ayer y hoy se viene realizando el juicio oral y público a Reina Maraz Bejarano ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial de Quilmes. Reina atravesó el primer año de su encierro sin comprender el proceso judicial que la mantenía allí alojada junto a su beba, que ahora tiene 2 años. Las audiencias se vienen llevando a cabo en Hipólito Irigoyen Nº 475 de Quilmes.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realiza una veeduría pormenorizada del desarrollo del juicio y el registro audiovisual del proceso apostando a un juicio transparente “donde la voz de Reina sea escuchada y se garantice la mayor amplitud probatoria que permita impartir justicia luego de casi cuatro años detenida”, señaló Margarita Jarque, directora de litigio estratégico del organismo.
Reina –que está acusada por el crimen de quien entonces era su marido- es oriunda de Bolivia, de una comunidad Kichwua, por lo que se comunica a través de su lengua materna, el quechua, y no comprende ni puede expresarse cabalmente en español. Nadie reparó o se detuvo en esta cuestión hasta que un año después de su detención, en diciembre de 2011, la entrevistó un equipo de monitoreo de la CPM en el marco de una inspección en la Unidad 33 de Los Hornos donde estaba alojada.

En las audiencias estan presentes los presidentes de la CPM Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el vicepresidente Aldo Etchegoyen y Roberto Cipriano García, junto a otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género, y que han acompañado el trabajo realizado por la CPM.
El tribunal que lleva adelante el juicio está presidido por la Dra. Silvia Etchemendi e integrado por la Dras. Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez. El Fiscal de la causa es el Dr. Fernando Celesia y Reina se encuentra asistida por el Defensor Oficial Dr. José María Mastronardi, titular de la UFD Descentralizada Nro. 18 de Florencio Varela.

La historia de Reina: pobre, migrante, indígena, y víctima de violencias

“Cuando la conocimos, en diciembre de 2011, Reina se encontraba en un absoluto estado de indefensión, y no comprendía las razones de su encierro”, informaron desde la CPM quienes realizaron distintas intervenciones que empezaron por exigir que se garantice la presencia de intérpretes para tomarle declaración o interactuar con ella. Así, la SCJBA le ordenó al TOC la designación oficial de los intérpretes sugeridos y recién a casi 3 años de su detención Frida Rojas, la intérprete propuesta por la CPM, pudo aceptar formalmente el cargo.

Entonces Reina accedió a un primer comparendo en el que alguien le fue explicando en su lengua materna lo que sucedía en la sala del TOC Nº1 de Quilmes. A través de la intérprete también pudo contar por primera vez su versión de los hechos. En ese relato describió su condición de migrante y una situación de violencia doméstica y sexual previa, violencia que era ejercida, principalmente, por su marido Limber Santos y por “Tito” Vilca, un vecino a quien señalan como su cómplice* en el crimen por el que está acusada. Se le imputa haber asesinado a su marido junto con ese vecino que abusaba de ella cuando su marido la ofrecía como moneda de cambio de las deudas que mantenía con Vilca.

Como resultado se logró que Reina llegara al juicio con prisión domiciliaria, viviendo con su hija más pequeña – nacida en la Unidad 33 de Los Hornos- en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires.

Desde la CPM consideran que “el Caso Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”, aseguraron.

* Vilca falleció en la Unidad 23 de Florencio Varela, estando detenido por la misma causa que Reina.


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La Comisión por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provinci al 12.642/00 - aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.
La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel / Hugo Cañón / Aldo Etchegoyen / Víctor Mendibil / Mauricio Tenenbaum / Roberto Cipriano García / Elisa Carca/ Susana Méndez/ Víctor De Gennaro / Luis Lima / Dora Barrancos / Martha Pelloni / Por UNLP: Ana Barletta / Por Senado de la Provincia: Senador Emilio López Muntaner/ Senador Horacio López